EL ESTADO DE DERECHO Y EL DERECHO DE ESTADO

(Hecha la ley, hecha la trampa)

 

Al leer el titulo del artículo, el lector, podría pensar que se trata de un “galimatías” realizado a ex profeso. Nada más lejos de mi intención.

En realidad, deseo referirme al diferente significado que adquieren idénticas palabras, utilizadas todas ellas en la misma frase.

El Estado de Derecho, para ser reconocido como tal, deberá contener una serie de normas o leyes, en las que todo ciudadano deberá ser tratado por igual ante la ley, sin que pueda sufrir ningún tipo de discriminación por causa de su origen, raza, sexo, edad, idioma, posición social, modo de vida, convicciones religiosas, filosóficas o políticas, deficiencias físicas o psíquicas. Este sería un resumen generalmente aceptado del concepto.

Pero para que el Estado de Derecho pueda desarrollarse de acuerdo a las premisas anteriormente expuestas, necesita de cierta organización encargada de establecer las leyes o normas necesarias que implique el sometimiento de todos a la ley. En este caso, la ley, nace de lo que se viene en llamar Poder Legislativo.

El Poder Legislativo, como piedra angular del Estado de Derecho, junto con otros dos poderes fundamentales, como son: El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, integrarían lo que se viene en llamar los Poderes de Estado.

Como órgano ejecutivo de las normas dimanadas del Poder Legislativo, tendríamos a la Administración del Estado, que a su vez se divide en dos cuerpos diferenciados: el Gobierno; compuesto por la clase política; y la Administración funcionarial (funcionarios) como elemento de administración no político.

Hasta aquí, y de una manera muy resumida, tendríamos lo que representa ser ciudadano o participar de un Estado de Derecho.

No obstante, a pesar de que el Estado de Derecho democrático pareciese la manera más práctica y eficaz de gobierno, la convivencia social del día a día, nos indica que dicho sistema demuestra poseer determinadas carencias que permiten la corrupción y la manipulación en las leyes o normas. Y me explico:

Dice el sabio refranero popular: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

¿Y dónde está la trampa, se preguntará el lector?

De entrada, hagamos un pequeño repaso a cómo se lleva a cabo la designación y composición de los diferentes Poderes del Estado.

En el caso que nos ocupa, la elección de los miembros que formarán la composición del Poder Legislativo, máximo órgano fundamental en el Estado de Derecho, vendrá decidida por designación de la mayoría política, y no por un sufragio universal como sería lo deseable, a fin de evitar cualquier intoxicación política en dicho Poder Legislativo.

El mismo caso lo encontramos en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ambos designados en razón de la mayoría política que haya ganado las elecciones o en su defecto, de acuerdo a los diferentes pactos llevados a cabo entre las distintas opciones políticas.

No obstante, a pesar de compartir la designación política como elemento en común, los tres Poderes del Estado aparecerían como estamentos independientes, actuando cada uno de ellos de manera autónoma. ¿Pero esto es así?

Los hechos denunciados a diario en los medios de comunicación: las connivencias políticas, corrupciones, manipulaciones de los medios, etc. etc. nos indican que posiblemente no sea así. Algo no funciona correctamente cuando la corrupción, la connivencia, la manipulación y la mentira, quedan impunes ante la ley en determinados casos donde la clase política ejerce su poder.

Es cierto que algunos políticos corruptos, así como otras cabezas de turco, acaban sentándose en el banquillo de los acusados, pero no es menos cierto que el problema de fondo subyace en el sistema, o mejor dicho; en las normas dictadas por el Poder Legislativo.

¿Quiere esto decir que dichas leyes han sido dictadas ya viciadas de origen? Posiblemente no haya sido así, o cuanto menos no con dicha intención. Otra cosa es que muchas de dichas leyes o normas hayan quedado obsoletas, o que su aplicación resulte más un inconveniente que una satisfacción social. También es cierto que la actualización de las normas y leyes no van en paralelo con la situación social del momento. Esta situación de desfase hace que la “trampa” pueda ser aplicada a la ley, de ahí la máxima antes mencionada de “hecha la ley, hecha la trampa”. Así pues, queda evidenciado que el desfase de las leyes, tanto por su obsolescencia en algunos casos, así como por su inexistencia en otros, hace que el Estado de Derecho, se asemeje más a un Derecho de Estado, donde la clase política es quien verdaderamente actúa de acuerdo a sus intereses partidistas.

Y ahora viene la pregunta del millón… ¿Tiene solución la actual situación?

En mi humilde opinión sí es posible. Pero para ello, habrá que actualizar las leyes, incluir filtros y normas que hagan imposible la corrupción de la clase política. Exigir el cumplimiento total de los programas electorales, por los cuales el partido político de turno ha conseguido salir ganador en la elecciones y formar gobierno, debiendo dimitir dicho gobierno y convocar nuevas elecciones en el supuesto de que dentro de la legislatura indicada no hubiese cumplido con el programa electoral anunciado a los electores, puesto que si tal partido político es elegido para gobernar, es gracias a los programas electorales que presenta a la ciudadanía. Si no se cumple con el programa, no se tiene derecho a seguir gobernando y, en todo caso, las correspondientes responsabilidades ante el electorado deberán ser juzgadas por los tribunales. De seguro que en este caso, la clase política se lo pensará dos veces antes de prometer lo que sabe que no va a cumplir.

Otra cuestión de primordial importancia es lo relativo a los decretos y nuevas leyes que el gobierno desee implantar durante la legislatura. Si dichas leyes o normas, no estaban contempladas en su programa electoral, el gobierno se verá obligado a realizar una consulta por sufragio universal, a fin de llevar a cabo la verdadera voluntad del pueblo al que representa, ya que el político se ha olvidado de que está para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Actualmente, por el mero hecho de tener mayoría en el Congreso o Senado, el gobierno de turno, introduce cambios y nuevas leyes que no solo no estaban en su programa electoral, sino que provocan precisamente todo lo contrario a lo que se expuso en dicho programa (no voy a repetir algunos discursos que están en la mente de todos, donde se afirmaba y aseguraba una defensa a ultranza de los derechos sociales, asistencia a los más desfavorecidos, mantenimiento de las pensiones, etc. etc., y que últimamente hemos podido ver con verdadero horror como, el mismo presidente que lo defendía, ahora dice todo lo contrario). Estas acciones y situaciones no solo ponen en peligro el Estado de Derecho y la democracia, sino que encienden la mecha de una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento.

Ahora es el ciudadano quien tiene la palabra para hacer uso del Derecho de Estado, y que este derecho represente verdaderamente a un Estado de Derecho democrático y social.

 

José Luis Giménez

www.jlgimenez.es

jlgimenez@jlgimenez.es